TCU investigará construcción de Belo Monte

El Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU por su sigla en portugués) brasileño revisará el proceso de licitación y la construcción de la planta de Belo Monte, en Pará, para evaluar una posible utilización de recursos públicos en sus trabajos. La medida fue propuesta por el procurador del Ministerio de Público del TCU, Sergio Ricardo Costa Caribé, que evaluó el hecho de que el consorcio responsable del proyecto está formado por las empresas Andrade Gutierrez, Odebrecht, Camargo Corrêa, Queiroz Galvão y OAS, todas los involucrados en la investigación Lava Jato (Lavado de Autos).

TCU señaló que los costos de construcción de la planta se incrementaron de US$6 mil millones a US$10 mil millones, con el uso predominante de capital público y el financiamientos del BNDES (Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social brasileño), para la entidad, este aumento puede estar relacionado con fraude o falta de control de las empresas en la toma de decisiones acerca de las condiciones ofrecidas. Así se presentó una orden de restricción a ser juzgada en julio de este año, lo que impide la renovación automática de la licitación y a su vez presionará a las empresas a presentar la documentación rápidamente.

De hecho, no hay sospechas concretas sobre la compañía, de acuerdo con el ministro José Múcio la operación se realizará únicamente por formalidad, para excluir las posibles conjeturas y reducir los riesgos y pérdidas de las empresas públicas que integran el concesionario, ya que el verdadero dueño de la planta es una asociación privada y, por tanto, va a caer solamente sobre las compañías públicas involucradas Eletrobras, Chesf, Eletronorte y sus filiales, que en conjunto son propietarios de un 49,98% de la planta.