Brasil pendular

La gestión de las autoridades respecto a la pandemia está en entredicho. El presidente Jair Bolsonaro primeramente negó la complejidad de la situación en repetidas ocasiones. Luego, cuando la realidad se impuso, emprendió una particular cruzada en contra de las medidas de control, argumentando que el cierre de las actividades económicas sería peor para el país que una creciente cantidad de enfermos y muertos. Cuando las docenas de miles de muertos seguían creciendo, Bolsonaro puso todos sus esfuerzos en hacer propaganda de un medicamento que ha sido rechazado por todo el mundo.

Con una curva de contagio que se estabilizó y no da señal de bajar, Brasil entró al segundo semestre sin conseguir aislar correctamente a su población. Sin embargo, tampoco logró mantener su ritmo de crecimiento (que había sido del 1,1% en 2019), dado que se pronostica que la economía del país podría caer al menos un 5% en 2020.

En agosto, aún cuando la mayoría de las ciudades del país tenía sus tiendas comerciales y sectores no esenciales en funcionamiento los resultados demostraron que la actividad no volvió al nivel normal, ya sea por un miedo generalizado al desempleo, al endeudamiento y al mismo contagio.

Por lo tanto, en una situación que se puede calificar como una de las peores del mundo es paradójico que el país pueda presentar algunas noticias positivas, las que hacen recordar su rara naturaleza pendular. Vamos a ellas.

Mercado vivo

Uno de los aspectos macroeconómicos más fundamentales para una economía con bajas tasas de inversión son los intereses. En el caso de Brasil, la tasa de interés nunca fue tan baja. El 5 de agosto el Banco Central resolvió que la tasa básica sería de un 2% al año, un récord histórico que, en cualquier parte del mundo, debería generar un importante movimiento de capital hacia las inversiones casi de manera inmediata.

Y no es que en Brasil este efecto no tenga lugar. La inversión vuelve, pero poco a poco. El motivo principal de esta mayor inversión viene desde antes de la pandemia, aunque la presencia del covid-19 ha sido factor importante para dificultar la recuperación. La razón principal en el país es la insuficiencia de la demanda, que viene herida desde hace cinco años por la recesión económica, un desempleo persistente con índices cercanos al 15%, y una brutal informalidad laboral que comprimió la renta de las familias.

Pero sumando y restando, se puede observar que la construcción inmobiliaria, que este año pese la pandemia presenta números no tan dramáticos, respira buenos aires. Las obras volvieron enfocándose en dos segmentos del mercado: condominios y departamentos de lujo para inversionistas, y por otra parte, edificios de departamentos muy pequeños, muchas veces financiados con recursos subsidiados por el gobierno mediante el programa Mi Casa Mi Vida.

La respuesta incierta del país a la crisis sanitaria (dejando que sus estados y municipios decidieran qué se iba a cerrar y qué iba a funcionar), contribuyó para que algunos segmentos económicos pasaran de mejor manera por la pandemia. Algunos de ellos se relacionan con la construcción. Por ejemplo, las empresas minoristas de materiales de construcción habrían logrado en julio un crecimiento del 8,3% sobre el mes anterior, lo que indicaría una rápida recuperación, aunque en términos semestrales, se experimentara una caída del 9,1% interanual para el periodo enero-junio.

El sector de cemento del país también anotó crecimiento en el período de pandemia. En junio, las cementeras brasileñas crecieron un 24,2% respecto del mismo mes de 2019, y a lo largo del primer semestre el sector vendió 26,9 millones de toneladas, representando un crecimiento del 3,6% sobre igual período del año anterior. De acuerdo con el Sindicato Nacional de la Industria del Cemento, el buen desempeño responde a la reactivación del mercado inmobiliario (consecuencia de los bajos intereses), y a la tendencia del trabajo remoto. La adaptación de muchas residencias al home office requirió pequeñas obras que han demandado más cemento.

Infraestructura

Sin embargo, nada de lo anterior permite suponer una recuperación significativa para la construcción, dado que, para el tamaño y las falencias de su economía, sólo las grandes obras de infraestructura auguran un futuro de prosperidad consistente.

Ahí destaca una figura política muy poco comentada en Brasil, pero que es una de las sorpresas positivas del nuevo gobierno: el ministro de la Infraestructura, Tarcisio Freitas. Se trata de un burócrata experimentado que ya trabajaba para el gobierno anterior, conoce la máquina pública y se mantiene alejado de polémicas.

Freitas logró mantener casi intocable el pequeño presupuesto de su ministerio durante el año (no fue así con otras áreas: por ejemplo, Salud, que no ha gastado más de un 25% de su presupuesto incluso con la pandemia). Mientras tanto, el ministerio de la Infraestructura pudo reabrir una interesante secuencia de obras públicas de pequeño y mediano porte, la mayoría de ellas planificadas desde antes del gobierno de Bolsonaro. La actuación política de Freitas dentro de un gobierno que suele recortar la inversión pública explica buena parte del desempeño positivo en la industria de máquinas y equipos para construcción (ver artículo de Sobratema en esta edición).

El desafío del área de Infraestructura, en tanto, es el programa de concesiones. Conocido como PPI durante el gobierno de Michel Temer, el paquete de proyectos que se pretende subastar a la iniciativa privada es significativo, y ahora se reconoce simplemente como “el programa de concesiones”.

El paquete de activos y proyectos tiene un valor estimado en cerca de US$41.000 millones. Más de la mitad de estos proyectos son viales, pero montos importantes se concentran en vías férreas, aeropuertos y puertos. Una parte de ellos ya se han licitado y adjudicado, otros estabn ya en operación, como aeropuertos que ya recibieron o en algún momento recibirán inversiones. Pero lo más importante está por venir. Un solo proyecto vial (comprendiendo distintos tramos) pondrá en subasta 7.200 kilómetros y estima una inversión de US$10.000 millones.

Tal programa, sin embargo, es un desafío por dos razones, una de orden político, otra de orden económico.

Es muy cierto que los activos y proyectos que Brasil quiere concesionar son interesantes, pero también es cierto que su provecho económico en muchos casos depende de un nivel significativo de crecimiento sustentado del PIB, y eso no ocurría en el Brasil pre-pandemia, y puede estar bajo riesgo aún mayor luego de la crisis sanitaria.

El problema político es que los inversionistas buscan lugares estables para aportar su capital, y el gobierno de Jair Bolsonaro no deja a nadie tranquilo, ni dentro ni fuera de Brasil. Sus políticas ambientales, su manejo de las crisis internas con la Justicia y el Congreso, su manera de comunicarse con la gente; todo eso crea un conjunto de inestabilidades que hace mal a las perspectivas de inversión en el país.

Finalmente, la creciente militarización de su gobierno, y la fractura entre ministros que defienden una gestión económica de restricción fiscal y otros que defienden inversiones públicas, amenaza con deteriorar la confianza que los mercados todavía tienen en el gobierno.

Drama fiscal

Y es que en el corazón de esta fractura interna está en el problema fiscal de Brasil. Si bien el déficit público planificado para este año estaba alrededor de 140.000 millones de reales (unos US$25.550 millones), con los efectos de la pandemia este número podrá alcanzar niveles estratosféricos. Hay estimaciones que puede llegar a los 800.000 millones de reales (cerca de US$146.000 millones).

El aumento del déficit público tiene que ver con una medida humanitaria: se está pagando a millones de personas una ayuda mensual equivalente a unos US$120, para contrarrestar el efecto económico de la pandemia.

El ministro de Economía, Paulo Guedes, quien tiene fama por defender recortes severos en los gastos públicos, ya no cuenta con el apoyo interno que solía tener a su agenda, y perdió importantes secretarios de su Ministerio en agosto. La batalla se da en torno a prioridades: mientras Guedes y sus secretarios defienden que las reformas del Estado siguen siendo lo principal, otra parte del gobierno advierte que el momento es de priorizar la salud económica nacional, aunque esto genere un endeudamiento mayor a corto plazo.

La arena de este conflicto es la regla constitucional aprobada en 2016 que prevé un límite para los gastos públicos del gobierno federal. Con la estagnación económica de los últimos años generando deflación, el mecanismo de corrección del límite de gastos obliga que éstos no crezcan en 2021. El problema es que esto llevará a un financiamiento menor al necesario de áreas esenciales como la salud, la educación y, probablemente, la infraestructura.

El conflicto es real. El gobierno puede mantener el rigor fiscal y dejar parte importante de la sociedad bajo riesgo de no funcionar, o relajar el control fiscal cambiando la norma de límite presupuestario anual. Y esto con más de 1.000 muertes cada día por el covid-19.

No sorprende que muchos economistas del país hayan comenzado a pedir la flexibilización del límite de gastos, principalmente porque la deuda pública brasileña es prácticamente toda interna, y sus reservas externas son equivalentes a US$334.000 millones, o casi un 20% de su PIB.