A superar los obstáculos

Perú se ha convertido de un tiempo a esta parte en una de las economías más pujantes de la región latinoamericana. Mientras que el PIB de América Latina se contrajo un 0,7% durante 2016, el de Perú creció un 4%, el mejor rendimiento dentro de las principales siete economías del subcontinente.

Mirando a futuro, Alejando Werner, economista y director del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional, destaca que para este 2017 se espera que el PIB peruano experimente un alza de cerca del 4,3% (nuevamente el mejor dentro de las siete principales economías de Latinoamérica), gracias a una mayor producción de la minería, especialmente la del cobre, precios más altos de los metales, un repunte del gasto público regional y local y un firme gasto en consumo de los hogares.

Werner agrega que “como la brecha del producto se está cerrando, la atención debería centrarse ahora en una consolidación fiscal gradual, pero preservando el gasto en infraestructura pública y en reformas estructurales favorables para el crecimiento, como la disminución de la informalidad, la mejora del nivel de educación, la profundización de los mercados de capitales y la reducción de los trámites burocráticos”.

La construcción tuvo un comportamiento diferente al de la economía durante el año pasado. Esta actividad, que representa aproximadamente el 5% del PIB peruano, registró un retroceso del 3,15%, caída que se explica principalmente por una baja en obras públicas y privadas, donde hubo una menor inversión tanto del gobierno nacional como de los gobiernos regionales. Un factor que también resalta son los casos de sobornos a funcionarios de gobierno que se dieron a conocer a partir de 2016, lo que ha minado las confianzas de inversionistas y de la opinión pública.

Como señala Guido Valdivia, director ejecutivo de la Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO), “lo complicado en la implementación de las alianzas público privadas (APP) es el que estamos en medio de una macro acusación continental por corrupción justamente en este tipo de obras. Eso tiene que ser controlado para que se sancione a quien haya que sancionar y resarcir al Estado, para procurar que estos mecanismos sigan funcionando”.

Otras razones que afectaron a las APP, según este representante gremial, es que hay varias cortapisas en los procesos de ejecución de estas iniciativas: “por ejemplo, una traba que es común a muchos proyectos es la dificultad del Estado para poder expropiar terrenos vinculados a proyectos de infraestructura o servicios”.

Analistas del mercado también hacen sus balances de qué fue lo que perjudicó la actividad de la construcción en 2016. Eduardo Jiménez, economista de Macroconsult, firma que presta servicios de consultoría económica, inversiones y de asesoría de negocios en Perú, señala que el principal factor de este retroceso fue la caída de la inversión privada en el país, que alcanzó aproximadamente un 6%. La inversión pública en tanto se mantuvo plana, no ayudando tampoco a la actividad.

Para Carlos Ferraro, director ejecutivo de la Asociación de Productores de Cemento (ASOCEM), fueron relevantes “los cambios de política de inversión pública generados desde 2015, que sólo se reflejan unos meses después, las elecciones del primer semestre y la incertidumbre que se generó; el nuevo gobierno que no sabía lo que encontraría y el caso Odebrecht”.

Esperanzas para 2017

La construcción peruana tuvo crecimientos anuales por 12 años ininterrumpidos hasta 2014. Después de los descensos de 2015 y 2016, los actores de la industria esperan un rebote para este ejercicio. En CAPECO proyectan un ascenso del 4% para 2017, “pero hay que superar algunos obstáculos para que esto funcione”, advierte Valdivia.

Un factor que ayudaría a la industria es dar un nuevo impulso a las asociaciones público privadas, mecanismo que venía funcionando bien en Perú. Hay varios proyectos que están retrasados y el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski (conocido como PPK) quiere darle nuevos bríos. Un rol esencial lo tendrá ProInversión, Agencia de Promoción de la Inversión Privada, organismo público ejecutor adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas, con autonomía técnica, administrativa, económica y financiera para promover la incorporación de inversión privada en servicios públicos y obras públicas de inversión privada.

Este año ProInversión presentó un portafolio de proyectos de alto potencial que serían adjudicados durante 2017 y 2018, integrado por 32 APP y proyectos por un monto superior a los US$14.400 millones. De este monto, se tienen previsto adjudicar en este ejercicio 16 iniciativas por un total de US$4.077 millones, mientras que para 2018 se podrían adjudicar 15 proyectos por US$3.750 millones. La esperada Línea 3 del Metro de Lima, proyecto de US$6.600 millones, podría adjudicarse entre los últimos meses de 2018 e inicios de 2019. Las APP corresponden principalmente a los sectores de transportes, energía, minería, inmobiliario, saneamiento, hidrocarburos y salud.

“Se trata de proyectos estratégicos, seleccionados bajo los criterios de viabilidad estratégica y funcional, que contribuirán a cerrar la brecha de infraestructura y mejorar la competitividad del país en el contexto internacional”, destacó en su momento Álvaro Quijandría, director ejecutivo de ProInversión.

Otro factor relevante para CAPECO es el desarrollo de la cartera de proyectos mineros en el país y también de proyectos de aguas, ya que como indica el director ejecutivo de la entidad, “en saneamiento de aguas se plantea en el quinquenio del gobierno actual una inversión de US$11.000 millones”  Valdivia agrega que en el mismo período “está también el plan de construir medio millón de viviendas. Digamos que hay lineamientos políticos importantes, hay recursos para poder financiar una buena cantidad de estas inversiones, hay un interés del sector privado por participar no solamente en el régimen de participación privada en infraestructura y en vivienda, y también se identifican grandes demandas, para lo que las empresas nacionales tienen mucha experiencia en temas inmobiliarios y de infraestructura”.

Macroconsult en tanto, pronostica un crecimiento del 1,8% para la construcción para 2017 y del 3% para 2018. Esto porque se espera que la inversión privada se mantenga plana y que la inversión pública crezca alrededor del 2,3% para este ejercicio. Como enfatiza Jiménez, “la idea principal es que las expectativas empresariales se hayan recuperado; hoy se encuentran en terreno optimista. Cuando asume el presidente PPK hubo una reactivación de las expectativas, porque es un mandatario muy favorable a la inversión”.

Por el lado de la inversión pública en tanto, el economista destaca que “el gobierno tiene recursos, con medidas de amnistía tributaria y declaración de capitales en el exterior que pueden tener un impacto positivo de 0,8% en el PIB. Esto puede favorecer la cantidad de recursos con los que dispone el gobierno, y por lo tanto traducirse en mayor inversión pública”.

Ferraro en tanto, expresa que “creo que la construcción se recuperará pero en el segundo semestre. En este momento no hay certeza ni tranquilidad para avanzar en los temas de inversión pública en general y no existe el mecanismo para reemplazar el efecto Odebrecht. Los funcionarios de Gobierno no están dispuestos a firmar adendas ni contratos de reemplazo sin importar si son adecuados o no. Considero por ello que en el mejor de los casos recuperaremos la actividad hacia los niveles de 2015”.

Respecto a los desafíos que tiene la industria a futuro, el líder de Asocem agrega que “es introducir mecanismos de industrialización de la construcción con el uso más frecuente de prefabricados de mayor dimensión y no solo en obras de carreteras y puentes, sino también en edificios y viviendas, que implica ahorro de costos y tiempos”.

El aporte de la minería

La minería peruana es una de las principales actividades económicas del país, aportando dos puntos porcentuales al crecimiento económico del año pasado. El buen momento de esa industria no ha parado, ya que a las operaciones existentes se suma una cartera de proyectos por US$46.996 millones, considerando desarrollos en etapa de exploración avanzada, con estudio de impacto ambiental aprobado y ampliación de minas ya en producción.

Todas estas iniciativas tienen un significativo impacto en la construcción, por los montos involucrados. Respecto a su ejecución, Luis Marchese, Presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía de Perú (SNMPE), señala que “El Ministerio de Energía y Minas ha dicho que de los US$47.000 millones sean US$14.000 millones los que se inviertan en los próximos cinco años, lo que es razonable”.

Sin embargo, hay un aspecto muy relevante en el que es necesario que el país avance para la materialización de estas inversiones, como mejorar la tramitación de permisos. Como explica Marchese, “en los últimos años ha habido un crecimiento mayor de los trámites que hay que seguir y ha aumentado la complejidad de ellos para obtener permisos. Creo que el gobierno (central) y los gobiernos regionales, locales y distritales tienen un trabajo que hacer para racionalizar los requisitos, sin perder la rigurosidad”.

Otro tema importante es la conflictividad social que llevan consigo el establecimiento y construcción de proyectos mineros, tal como en otras partes del mundo. Según el líder gremial de la minería, se están dando avances en esta materia, ya que “el gobierno está tomando medidas para preservar el estado de derecho y poder generar espacios de diálogo sin violencia, reforzando la gestión del gobierno central por ese lado. Además, lo que vamos a tratar de promover aún más dentro de la SNMPE son las buenas prácticas en general y una de ellas es la comunicación constante con los pobladores de las áreas donde queremos operar. Ya hacemos eso, pero vamos a refinar el conocimiento sobre este tema”.