América Central en problemas

El clima en América Central no es el mejor de todos. Si bien el sol inunda las calles y la temperatura es más bien agradable, el clima social, político y económico de países como Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica, dejan mucho que desear.

CLA viajó por la región para conocer de cerca y en directo la situación de esta región central del continente (sin considerar Panamá, dado que se verá por separado en una edición futura).

Lamentablemente no es difícil sacar una radiografía casi inmediata a la infraestructura vial de estos países y luego de manejar algunos kilómetros en diversas localidades, no sorprende que un reciente estudio: ‘Logros y desafíos de la integración centroamericana: aportes de la CEPAL’, señale que “para hacer frente a la demanda esperada en el período 2016-2030, deberían invertir anualmente alrededor del 2,2% de su PIB en infraestructura del transporte, incluido el gasto en mantenimiento y reparaciones rutinarias de las obras”.

Solo dos países están cercanos a cumplir esta necesidad. Entre 2008 y 2015 la inversión promedio en infraestructura para el transporte en Honduras fue de un 2,21% del PIB y Nicaragua invirtió un tímido 1,99%.

No obstante, en República Dominicana el volumen de inversión fue de solo un 1,32% del PIB, en Costa Rica del 1,25%, en Guatemala del 1,23%, y en El Salvador alcanzó un 0,93%. Inversiones que son a todas luces insuficientes para la magnitud del déficit en la región. “Preocupa especialmente la falta de inversiones para mejorar la conectividad con el territorio, sobre todo con las zonas rurales y más alejadas de las grandes urbes, puesto que vastas zonas del territorio aún poseen dotaciones de infraestructura económica disímiles, con tiempos de tránsito muy altos o servicios ineficientes e inseguros debido a la escasa infraestructura disponible”, comenta el informe

Y es que no cabe duda de que la inversión en infraestructura va directamente ligada con el aumento de la probabilidad de mejorar la productividad y alcanzar niveles de ingreso per cápita más altos.

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) abordó en su informe ‘Construir oportunidades para crecer en un mundo desafiante’, el tema de los beneficios de las inversiones en infraestructura y su influencia en el aumento de la productividad en los países de la región.

Según el estudio, la productividad laboral “se estima que un aumento del 1% en la productividad del transporte aumenta la productividad en la agricultura en un 1,2%, se estima que un aumento del 1% en la productividad de electricidad, gas y agua aumenta la productividad en la agricultura en un 0,5%. En el caso de las manufacturas, se estima que un aumento del 1% en la productividad de la construcción aumenta la productividad en un 0,42%”.

Pero lo que en el papel parece lógico y de Perogrullo, no es fácil de llevar a cabo y las realidades de los países centroamericanos son diversas.

Fortaleciendo ética y APPs

La construcción guatemalteca ha enfrentado cuatro grandes desafíos en los últimos años, de acuerdo con Janio Rosales, director ejecutivo de la Cámara Guatemalteca de la Construcción: mejorar la transparencia en la inversión pública, fortalecer la inversión privada de infraestructura, la tramitología de licencias de construcción y reducir el déficit habitacional de Guatemala.

“En este sentido, la Cámara tiene como objetivo aumentar la participación del sector construcción en la economía nacional, por ello, como parte de nuestro plan estratégico hemos emprendido acciones concretas para superar todos estos retos”, dice el ejecutivo.

En 2018 se actualizó el código de ética de la entidad, se implementó una plataforma de denuncias, se presentaron observaciones técnicas sobre reformas a la Ley de Compras y Contrataciones del Estado, y se propuso la conformación de un Sistema Integral de Adquisiciones del Estado, con el fin de fomentar el aumento en la inversión en infraestructura de Guatemala.

“En el caso de inversión privada en infraestructura, me gustaría resaltar que Cámara Guatemalteca de la Construcción es miembro del Consejo Nacional de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica (CONADIE), por ello, como institución estamos comprometidos en el impulso de proyectos de alianzas público - privadas en el país”, señala Rosales.

“La utilización del modelo de APPs es vital para aumentar la inversión en infraestructura, vemos cómo en países de América Latina este modelo ha sido exitoso a tal punto, que de acuerdo con el Banco Mundial (BM), luego de una década la región de América Latina y el Caribe ha registrado inversiones que superan los US$360.000 millones en alrededor de mil proyectos de infraestructura bajo esta modalidad. Definitivamente son una opción, es necesario que se utilice de mejor forma esta figura en el país”, añade.

Cabe destacar que actualmente la agencia para APPs, ANADIE, cuenta con un portafolio de seis proyectos publico privados con inversiones que superan los US$1.500 millones. El primer proyecto adjudicado en esta modalidad es la autopista de Escuintla a Puerto Quetzal, la cual contará con una inversión aproximada de US$80 millones.

Con todo, las esperanzas son positivas. El sector construcción creció un 3,6% durante 2018, lo cual representó el segundo mayor crecimiento de la década, y según estimaciones del Banco de Guatemala, este año el sector crecerá un 4,9%.

Se estima que el sector construcción guatemalteco tiene un impacto del 4% en el PIB nacional. “Asimismo, de acuerdo con el estudio, ‘Huella Económica del Sector Construcción’ por cada Q100.00 facturado, Q55.30 se destina a ventas y PIBs de otros sectores. Por lo que, el impacto del sector construcción en la economía nacional es bastante elevado. Creemos que con la aprobación de la Ley de Tasa Interés Preferencial y con el aumento de la inversión privada en infraestructura el impacto en el PIB sea mayor”, finaliza Rosales.

De capa caída

Un país que ha sorprendido por el impacto profundo de la crisis que vive actualmente, es Nicaragua, el país está experimentando una durísima crisis política que se refleja claramente en el aspecto social y económico del país.

Y la industria de la construcción es una de las ramas más golpeada por esta situación. De hecho, de acuerdo con los expertos, sólo en el año 2019 el sector va a caer alrededor del 75%.

Esto lo confirma Carlos Toruño, gerente general de la empresa nicaragüense de agregados y concreto premezclado, Proinco. “Podría decirse que, en términos de construcción, la inversión privada cayó a casi cero. La construcción de viviendas, de la que hay un gran déficit, en tanto, también cayó completamente (…) Nosotros como como productores y como empresa al servicio de la industria hemos notado ese golpe”, aunque advierte que afortunadamente la empresa ha podido resistir en buen pie la situación, y sigue funcionando a un 75% de su capacidad instalada de trituración, que asciende a los 80.000 m3 mensuales.

En lo que se refiere a la producción de concreto pre-mezclado, Toruño explica que Proinco ha podido subsistir gracias a alianzas estratégicas como la realizada con Cemex. “Ellos proveen el cemento, nosotros los equipos y amabas empresas podemos seguir produciendo y abasteciendo a nuestros clientes”, explica el ejecutivo. “Si no fuera por esta alianza, yo hubiera cerrado la planta de concreto premezclado, que es básicamente el área que más flujo da a la compañía”.

 Nicaragua se ha vuelto un problema país, y tenemos alto riesgo país tanto en organismos multilaterales como como todo el sistema financiero que se mueve a nivel internacional. Hay un gran déficit a nivel nacional debido a un aspecto fundamentales: la falta de crédito.

 Lo peor de todo, según es el ejecutivo, es la incertidumbre de la situación dado que no se sabe cuánto podrá durar la crisis.

 “Actualmente existe un diálogo nacional, todos tenemos esperanzas en que se diálogo fructifique, que podamos encontrar una solución política, porque mientras no se resuelva la situación política, no habrá solución en la parte económica ni en la parte social”, finaliza.

Más APPs

En términos de metros cuadrados construidos, el sector construcción de Costa Rica creció un 2,3% durante 2018, crecimiento que a juicio de Esteban Acón, presidente de la Cámara Costarricense de la Construcción, no ha sido nada fácil y que viene más que nada influido por desarrollos iniciados el año anterior.

 Según el dirigente, “el año pasado fue un año de gran incertidumbre, marcado por el cambio de gobierno y por la discusión política en torno a la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas”. Cabe recordar que en Costa Rica no existe el IVA y recién se comenzará a aplicar desde julio próximo.

 “La incertidumbre persiste porque el reglamento que viene con la Ley, no existe. No sabemos los pormenores”, dice Acón. Lo que sí se ha podido discutir es una aplicación gradual para la industria de la construcción, por lo que el primer año el sector seguirá exento de IVA, el segundo aplicará un 4%, el tercero un 8%, hasta empatarse con el resto de los servicios a un 13% el cuarto año. “Esto quedó en la ley, pero no quedó de lo mejor redactado y está sujeto a interpretación del ministerio de Hacienda”, advierte.

 La preocupación del gremialista es, por un lado, porque cualquier tipo de aumento tributario de este tipo afecta la economía de un país en sus inicios por el efecto ajuste. Si a eso se le suma la sensibilidad del sector construcción al aumento de las tasas impositivas, el escenario puede ser muy negativo. Es un hecho que “el sector privado, que es el que lleva la batuta en el sector, está a la espera que se aclaren los ‘doblados’ y en este momento hay mucho proyecto en stand by”, dice Acón.

Este escenario no ayuda al mejoramiento costarricense y lo peor de todo es que de acuerdo al Índice de Competitividad del Fondo Monetario Internacional, Costa Rica es de los países con mayores déficits en infraestructura, rankeado en el número 78 de un total de 140 naciones analizadas. Los índices más dramáticos en vialidad, ubicando en el puesto 111 en conectividad y 124 en calidad. “Hay mucho por hacer y el problema no es la obtención de fondos, que están; o las empresas, que también están presentes, lo que está fallando es la parte gestión”, indica Acón.

En este aspecto en particular el dirigente destaca el plan de inversiones por US$3.000 millones que mantiene el gobierno para su gestión en la ejecución de 17 proyectos viales, sin embargo, el personero destaca la necesidad de contar con una agencia técnica que regule e impulse las APPs. Acón destaca la necesidad de contar con más iniciativas privadas, como la propuesta por Meco (San José-Cartago), “sí logran posicionar esta iniciativa y el gobierno la acoge e impulsa, seguramente otros van a sumarse”, augura.